Dos años después de un controvertido referéndum que desencadenó la peor crisis política de España en décadas, los separatistas catalanes llamaron el martes a la «desobediencia civil» masiva si sus líderes son condenados por un intento fallido de independencia.
Los 12 acusados están siendo juzgados por haber celebrado un referéndum prohibido y haber emitido posteriormente una breve declaración de independencia, y el Tribunal Supremo de España emitirá su veredicto a finales de este mes.
Su juicio de cuatro meses, que comenzó en febrero, fue desestimado por los separatistas como una «farsa» políticamente motivada, pero fue observado de cerca tanto en el país como en el extranjero.
Nueve de ellos están acusados de rebelión y, de ser condenados, podrían pasar entre siete y 25 años entre rejas. Otros tres son acusados de desobediencia y malversación de fondos públicos.
«Un veredicto de culpabilidad para los representantes políticos y sociales del país (región) constituiría el mayor ataque a nuestros derechos fundamentales», dijo el ex diputado separatista de extrema izquierda David Fernández, al leer una declaración conjunta de partidos y asociaciones independentistas.
«Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que respondan masivamente con lucha no violenta y desobediencia civil pacífica», dijo.
Aunque no existía un plan oficial, varios funcionarios hablaron de una huelga o de marchas destinadas a bloquear las carreteras regionales.
Una región dividida
La declaración fue emitida en el aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando la policía reprimió violentamente a los posibles votantes mientras los líderes regionales seguían adelante con una votación que Madrid había declarado ilegal.
Cuatro semanas después, el 27 de octubre, los legisladores catalanes aprobaron una moción para declarar una república independiente, lo que provocó una reacción inmediata del gobierno central en Madrid.
Despidiendo al gobierno catalán, Madrid impuso el control directo de la región, lo que llevó a su líder, Carles Puigdemont, a huir a Bélgica, mientras que otros fueron arrestados y encarcelados.
Aunque los secesionistas siguen en el poder en esta rica región del noreste, sus líderes siguen divididos sobre cómo lograr la independencia.
Y con el veredicto a la vista, las tensiones han aumentado.
La semana pasada, los partidos independentistas aprobaron una serie de polémicas mociones que legitiman la «desobediencia civil», exigiendo la retirada de la policía nacional española y pidiendo una amnistía para los líderes encarcelados.
La medida se produjo el mismo día en que la policía acusó a siete separatistas catalanes sospechosos de preparar atentados violentos de pertenecer a una «organización terrorista».
El uso de la violencia durante la crisis de 2017 ha estado en el centro del caso contra nueve de los 12 líderes encarcelados porque es un elemento clave de la acusación de rebelión a la que se enfrentan, que conlleva una pena muy severa.
Los separatistas siempre han hecho hincapié en la naturaleza pacífica de su movimiento, pero la región sigue dividida sobre la cuestión de la separación de España, con una encuesta el mes pasado que mostraba un 44 por ciento a favor y un 48,3 por ciento en contra.