El gobierno arremete contra la educación concertada

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido por mayoría (177 votos a favor), imponer la nueva ley educativa, conocida como Ley Celaá. La reforma llega precedida por la polémica. Además de dejar a un lado el español como lengua vehicular, la nueva ley contempla que los centros de educación concertada no podrán recibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni podrán imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a asociaciones.

Además tampoco podrán establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias.

Sin embargo, pese a la defensa a ultranza de la enseñanza pública que hace la Ley Celaá, más de la mitad de los ministros del Gobierno cursaron sus estudios en centros privados y concertados, en alguna de las etapas de su ciclo formativo.